Las etiquetas medioambientales de la DGT, diseñadas para clasificar los vehículos según sus emisiones contaminantes y regular su acceso a las zonas de bajas emisiones, han sido objeto de una controversia en los últimos años. Desde partidarios hasta retractores que piensan que es una medida más para “sacar dinero”.
Sea como sea, el objetivo de este sistema es mejorar la calidad del aire en las ciudades, y ahora, la decisión de no reclasificar estas etiquetas marca un punto de inflexión en la política medioambiental urbana en España.
La OCU critica a la DGT
La Organización de Consumidores y Usuarios ha sido una de las voces más críticas contra el actual sistema de etiquetas medioambientales de la DGT. La OCU argumenta que los criterios utilizados para asignar las etiquetas son injustos y no reflejan adecuadamente las emisiones reales de los vehículos.
Por ejemplo, los coches microhíbridos pueden obtener la etiqueta ECO simplemente por tener un generador eléctrico, a pesar de que sus emisiones reales pueden ser mayores que las de algunos vehículos de gasolina con etiqueta «C». Es decir, no refleja la realidad y de algún modo “premia” a quienes sí pueden comprar un nuevo vehículo.
La presión para revisar estos criterios ha aumentado, especialmente ante la expectativa de que, a partir del 1 de enero de 2025, las restricciones en las ZBE sean todavía más estrictas. Sin embargo, la DGT ha decidido no llevar a cabo la reclasificación de las etiquetas, algo que ha sido duramente criticado.
Gijón elimina las etiquetas
En medio de esta controversia, Gijón se ha convertido en la primera ciudad española en eliminar la obligatoriedad de las etiquetas medioambientales. Tras las elecciones municipales, la nueva administración local decidió cumplir su promesa electoral y suprimir las restricciones relacionadas con las ZBE.
No fue algo fácil. Esta decisión fue facilitada por varias sentencias judiciales que cuestionaron la legalidad de la normativa de movilidad y, literalmente, se las “cargaron”.
La eliminación de las etiquetas en Gijón ha generado un fuerte debate sobre el futuro de las políticas de movilidad sostenible en España. Por un lado, hay preocupaciones sobre el impacto negativo que esta decisión podría tener en la calidad del aire y en la salud pública.
Y es que se cree que sin estas etiquetas medioambientales la calidad del aire será tan mala que volverá a afectar a millones de personas (pulmones incluidos). La decisión de Gijón refleja una respuesta a las críticas sobre la equidad y la efectividad del sistema de etiquetas. Muchos ciudadanos y empresas han argumentado que las etiquetas medioambientales imponen restricciones desproporcionadas y no siempre están justificadas en función de las emisiones reales de los vehículos.
La eliminación de las etiquetas podría aliviar, da mucha mayor flexibilidad y permite que todo el mundo, independientemente de su condición económica (el hecho de poder comprar un coche no es para todos), pueda circular de nuevo.
La decisión de la DGT de no reclasificar las etiquetas medioambientales y la eliminación de su obligatoriedad en Gijón representan un momento crucial en la política medioambiental y de movilidad en España.
Estos cambios reflejan un equilibrio un tanto extraño y difícil entre la necesidad de reducir las emisiones y las consideraciones prácticas y económicas para los ciudadanos y las ciudades.
A medida que se acercan las fechas de implementación de restricciones más estrictas en las ZBE, serán las autoridades las que tengan que decidir cómo van a actuar para que las emisiones se reduzcan. Todo esto sin afectar a la población. Algo nada fácil.